Cualquiera que siga las noticias relacionadas con la sanidad estará de acuerdo en que, en los últimos meses, dos asuntos han captado la atención del sector y generado múltiples opiniones. En uno de ellos, las posturas han sido diversas; en el otro, en cambio, han sido bastante unánimes. Me refiero, por un lado, a la cuestión de Muface y, por otro, al Estatuto Marco. Aunque a primera vista pueden parecer temas independientes, existe una interconexión entre ambos, ya que la evolución de uno podría afectar al otro.
Sobre Muface, cada quien puede tener su propia opinión, por supuesto. Sin embargo, es difícil no notar la particularidad de que el colectivo de trabajadores públicos del Estado haya sido históricamente el único con la opción de mantenerse al margen del sistema de sanidad pública y acceder a la sanidad privada si así lo desea. Esta situación resulta, como mínimo, incoherente. Durante 50 años –desde la creación de Muface en 1975, en tiempos de Franco–, todos los gobiernos, sin importar su color político, han mantenido este sistema. Esto evidencia el enorme poder de este colectivo y la previsible reacción que tendría si se eliminara un privilegio que probablemente se les otorgó como compensación por sus bajos salarios, una realidad que aún persiste en muchos casos.
Ante la negativa de las aseguradoras a renovar el concierto debido a las bajas tarifas ofrecidas, el Ministerio de Sanidad se pronunció de manera clara: era necesario integrar a los aproximadamente 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, actuales beneficiarios de Muface, en el sistema público de salud, estableciendo un plazo y una metodología adecuados. Para quienes advertían que esto sobrecargaría en exceso la sanidad pública, se argumentó que dicho colectivo representa solo un 3% de la población española, por lo que no debería suponer un gran impacto. También se recordó que, en el último año, la población ha aumentado en 670.000 personas debido a la inmigración (dado que entre los nativos hay más fallecimientos que nacimientos), lo que equivale al crecimiento de dos años. La interpretación de si esto es mucho o poco queda abierta al debate, pero los datos están ahí.
Si el gobierno fuera monocolor y estuviera mínimamente cohesionado, la postura del Ministerio de Sanidad en un tema sanitario de esta magnitud y de competencia estatal se habría impuesto sin discusión. Sin embargo, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública –una combinación de conceptos curiosa, con un titular de dudosa competencia en ambas materias–, encargado administrativamente de Muface, decidió ignorar la postura de Sanidad. Consideró que el impacto electoral de privar a 1,5 millones de personas de su asistencia sanitaria personalizada era mayor que el coste de ajustar las tarifas a las demandas de las aseguradoras mediante fondos públicos.
Este desacuerdo entre ministerios deja en evidencia, una vez más, la irrelevancia del Ministerio de Sanidad, que tiene escasa autoridad ante las comunidades autónomas y, como se ve, tampoco en competencias estatales de gran importancia. Además, no se puede pasar por alto que un incremento del 40% en fondos públicos destinados a conciertos privados –más de 4.000 millones de euros en total– habría generado una ola de protestas en cualquier comunidad gobernada por la oposición, probablemente lideradas por miembros del propio gobierno. La coherencia brilla por su ausencia.
El Estatuto Marco y su impacto en la sanidad pública
En este contexto, con un Ministerio de Sanidad debilitado, se está preparando un nuevo Estatuto Marco para regular las profesiones sanitarias. No entraré en detalles sobre todo lo que incluye el borrador, pero, al menos en lo que respecta a los médicos (y probablemente a otros colectivos), se trata de un marco normativo obsoleto que ha contribuido al estancamiento del sistema y cuya utilidad futura es prácticamente nula. Lo más sensato sería derogarlo y establecer un régimen laboral negociado directamente con los empleadores, es decir, las comunidades autónomas, y no con el ministerio.
La realidad es que un ministerio con escasas competencias, desautorizado por su propio gobierno y en manos de un partido minoritario que en términos matemáticos podría calificarse de infinitesimal (una variable que tiende a cero), está diseñando la norma que regulará durante años las relaciones laborales en la sanidad. Sin embargo, esas relaciones estarán bajo la gestión de comunidades autónomas que no solo no están gobernadas por ese partido, sino que difícilmente lo estarán en el futuro. ¿Qué peso real tendrán los compromisos asumidos en este documento? ¿Con qué autoridad moral el Ministerio de Sanidad puede plantearlos cuando es evidente que no se hará cargo de su aplicación?
Una cosa sí ha logrado este estatuto: generar un rechazo casi unánime. Las comunidades autónomas lo consideran una intromisión en sus competencias y alertan del alto coste de sus medidas sin que se haya explicado de dónde saldrán los recursos. Los médicos, por su parte, critican varias disposiciones, pero hay dos particularmente preocupantes por su posible impacto negativo en la disponibilidad de profesionales.
La primera es la incompatibilidad de los jefes de servicio con cualquier actividad privada fuera de su horario laboral, con el argumento de evitar conflictos de interés. Nunca he ejercido la medicina privada por elección personal, y soy consciente de que en ciertos casos pueden surgir conflictos, no solo con los jefes de servicio. No obstante, en la mayoría de los casos esto no ocurre, y cuando sucede, puede y debe corregirse. Imponer la exclusividad sin una evaluación individual y sin una compensación adecuada –algo que el ministerio no puede garantizar, pues los salarios los fijan las comunidades autónomas– solo conducirá a que más médicos, especialmente en las especialidades más demandadas y mejor remuneradas, opten por la sanidad privada, debilitando aún más el sistema público. Es una cuestión de pura lógica.
La segunda medida va en la misma dirección: obligar a los médicos recién egresados del MIR a elegir entre ejercer en la sanidad privada o someterse durante cinco años a un régimen de incompatibilidades similar al de los jefes de servicio si optan por la sanidad pública. Francamente, cuesta imaginar que muchos dermatólogos, cirujanos plásticos, oftalmólogos o especialistas altamente demandados renuncien a toda actividad privada en su tiempo libre durante cinco años. Especialmente cuando la sanidad pública, en la mayoría de los casos, solo les ofrece contratos temporales, interinidades indefinidas o sustituciones de corta duración, con constantes cambios de hospital o incluso de ciudad.
No dudo de que el objetivo de estas medidas sea retener médicos en el sistema público, pero me temo que el efecto será el contrario, al menos en las especialidades más escasas y necesarias. Tampoco parece que estas restricciones vayan a evitar la fuga de médicos al extranjero o su traslado definitivo a la sanidad privada. Si se aprueban, lo único que conseguirán será incentivarla aún más.
Hay algo que sí debo agradecer a los impulsores de este documento: me han brindado un inesperado viaje al pasado. Leer en Redacción Médica la entrevista a la enfermera que ahora representa a Sumar en el Congreso –tras ocupar el escaño dejado por Errejón– me ha transportado a los años 80, cuando nos bombardeaban con lo que llamábamos el discurso de la sanidad «cubano-nicaragüense». Un relato que, más allá de su trasfondo ideológico, no era más que una forma de justificar la falta de recursos. Ingenuamente, creí que ese discurso había quedado en el olvido.
Pero al leer que los médicos no sabemos interpretar el borrador del estatuto, que en la normativa previa a 2003 el médico tenía un poder equivalente al del cura del pueblo (algo que ejercí durante más de 30 años sin haberlo notado), que el texto es bueno porque se ha debatido con muchos colectivos y expertos en gestión sanitaria (nos suenan estos «expertos» de la pandemia), y que las condiciones laborales y salariales ya se negociarán en otro momento con Hacienda, las comunidades y Función Pública… la verdad es que el planteamiento resulta, cuanto menos, surrealista.